“LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL.”

Es bien sabido que el derecho surge ahí donde el hombre se asocia con otros, o sea, en la sociedad. El derecho lo encontramos adaptado y al servicio de sistemas sociales diferentes, dependiendo de la respuesta que se da a la cuestión concerniente a la relación que debe existir entre individuos y sociedad. La eticidad y la sociedad, prerrogativas del hombre, justifican la existencia del derecho, cuyas finalidades, obviamente son: la justicia y la seguridad jurídica. Si en la justicia está la causa ultima del abogado. La seguridad jurídica fortalecerá su presencia necesaria en la sociedad. Frente al riesgo de que la persona humana, hoy más que nunca, se vea aplastada por fuerzas sociales bien identificadas y finalizadas a exaltar valores inmanentes y utilitaristas, el derecho también debe tomar su defensa. La defensa de la persona humana será, desde luego, su finalidad principal y, sobre todo, la persona más desamparada y pisoteada en sus derechos. La persona humana tiene derechos y deberes que dimanen inmediatamente de su propia naturaleza. Son derechos y deberes, por tanto, universales e inviolables que el derecho, la jurisprudencia y los tribunales deben reconocer y proteger como finalidad prioritaria. Para el jurista las normas deontológicas son necesarias, puede que ejerce una profesión con altos valores éticos como la justicia, la equidad, la lealtad y la seguridad jurídica. Es bien sabido por todos, que existen asuntos o litigios de trasfondo político, que perturban la justicia de nuestro país, para ello, deontológicamente, los tribunales deberán mantenerse al margen de esta problemática y ser precavidos y absolutamente objetivos, esto en razón de los principios de independencia, imparcialidad y desinterés. Principios que deberán prevalecer y rechazar categóricamente, toda clase de intromisiones que pudieran empañar su encomienda. El ejercicio de esto, deberá de permanecer por encima de presiones y de los contrastes de ideología de grupos y hombres políticos. Por tal razón, es que en algunos países europeos, latinoamericanos y en algunas de las entidades federativas de nuestro país, han optado por facultar y encomendar los conflictos de naturaleza política a Tribunales especializados, por lo que consideré que es necesario, que en nuestro estado también sea encomendado ese tipo de conflictos a un tribunal de esa naturaleza, es decir, un tribunal especializado, en la que prevalezca LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL. Esto en virtud de que nuestra ley fundamental del Estado no cuenta con un tribunal que conozca de las violaciones y le brinde una protección necesaria